Septiembre 21 de 2026
Ante las recientes declaraciones del señor Presidente de la República sobre la autonomía universitaria, el orden público y la eventual intervención de la Fuerza Pública en los campus de las universidades públicas, los rectores que integramos el Sistema Universitario Estatal (SUE) consideramos necesario aportar a esta discusión nacional desde la serenidad, la responsabilidad institucional y una disposición permanente al diálogo.
Las universidades públicas colombianas no son ni pueden convertirse en territorios al margen de la Constitución y la Ley. La autonomía universitaria no constituye un privilegio de inmunidad frente al ordenamiento jurídico, ni puede utilizarse como excusa o refugio para quienes destruyen bienes públicos, agreden a integrantes de la comunidad universitaria, atacan a ciudadanos o miembros de la Fuerza Pública, portan armas, promueven actos vandálicos o incurren en conductas tipificadas como delito.
Quienes actúan de esa manera no ejercen la autonomía universitaria ni pueden pretender ampararse en ella. Por el contrario, vulneran la ley y, con pleno respeto por el debido proceso y los derechos fundamentales, deben responder por sus acciones conforme a las normas vigentes.
Del mismo modo, defendemos sin ambigüedades el derecho constitucional a la protesta pacífica, la libertad de expresión, el pensamiento crítico, la deliberación democrática y la
posibilidad de disentir. La universidad debe ser un escenario para la palabra, el conocimiento y las ideas, nunca un espacio para la violencia.
Sin embargo, consideramos necesario ampliar el alcance de esta discusión. Reducir la autonomía universitaria a la pregunta de si la Fuerza Pública puede o no ingresar a un campus desconoce la verdadera dimensión constitucional de este principio y la complejidad de los desafíos que enfrentan hoy las universidades públicas colombianas.
La autonomía también se vulnera cuando se pretende interferir arbitrariamente en la elección, designación, permanencia o remoción de sus autoridades; cuando se desconocen sus estatutos o sus órganos de gobierno; cuando alcaldes, gobernadores, congresistas, funcionarios u otros actores buscan convertir las universidades en escenarios de disputa o control político; cuando las transferencias, los presupuestos o las decisiones administrativas se utilizan como mecanismos de presión; cuando el desfinanciamiento estructural limita materialmente la capacidad institucional para cumplir su misión; o cuando se intenta condicionar la libertad académica, científica y de pensamiento. No obstante, las amenazas a la autonomía no provienen exclusivamente del Estado.
También se vulnera cuando grupos armados ilegales, organizaciones criminales, estructuras vinculadas al microtráfico u otros actores violentos pretenden controlar espacios universitarios, intimidar a estudiantes, profesores, trabajadores o directivos, capturar organizaciones universitarias o imponer mediante la amenaza lo que no pueden defender a través de las ideas.
Frente a cualquiera de estas formas de presión, nuestra posición es inequívoca: la universidad pública no pertenece al Gobierno, ni a los partidos políticos, ni a los grupos armados, ni a organizaciones criminales, ni a grupos violentos de ninguna naturaleza. Pertenece a la sociedad colombiana y está al servicio del conocimiento, la educación, la ciencia, la cultura y la democracia.
Por ello, cualquier protocolo que se proponga para atender situaciones excepcionales de violencia en los campus deberá construirse mediante el diálogo con las universidades; reconocer las competencias de sus autoridades y órganos de gobierno; y establecer con absoluta claridad criterios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y respeto por los derechos humanos y el debido proceso.
Las universidades también debemos asumir nuestra responsabilidad. La autonomía exige capacidad de autorregulación, prevención y actuación institucional. Debemos fortalecer nuestros mecanismos de convivencia, seguridad, mediación y resolución pacífica de conflictos; proteger a nuestras comunidades; cooperar con las autoridades competentes cuando se presenten conductas delictivas; y evitar que nuestros campus sean instrumentalizados por organizaciones que pretendan sustituir la deliberación democrática por la intimidación o la violencia.
Este debate puede convertirse en una oportunidad mucho más amplia para el país.
Colombia inicia un nuevo período de gobierno y las universidades públicas tenemos la disposición de contribuir activamente a los grandes desafíos nacionales. Por ello, invitamos respetuosamente al señor Presidente de la República y a la señora Ministra de Educación nacional a sostener, junto con los rectores y las comunidades universitarias, un diálogo franco, constructivo y transparente sobre lo que el país espera de sus universidades públicas y sobre lo que estas requieren del Estado para cumplir plenamente su misión constitucional.
Queremos conversar no solo sobre orden público. Queremos hablar de financiación y sostenibilidad; calidad, cobertura y acceso; bienestar y permanencia estudiantil; ciencia, tecnología e innovación; inteligencia artificial y transformación digital; desarrollo regional; inclusión y equidad; formación ciudadana; emprendimiento y productividad; cultura; construcción de paz; y, en general, sobre el papel que las universidades públicas están llamadas a desempeñar en la construcción del futuro de Colombia.
La autonomía universitaria no debe entenderse como una distancia frente al Estado. Por el contrario, debe concebirse como la condición que hace posible una cooperación madura entre instituciones democráticas con responsabilidades distintas, pero un mismo propósito: servir a Colombia. Ni universidades sitiadas por la violencia ni universidades subordinadas al poder.
Universidades autónomas, responsables, abiertas al diálogo y comprometidas con la transformación del país.
Desde el Sistema Universitario Estatal (SUE) reiteramos nuestra disposición a construir, junto con el Gobierno Nacional y la sociedad colombiana, una agenda basada en la confianza, el respeto institucional y la corresponsabilidad, que permita que nuestras universidades sigan siendo territorios de conocimiento, libertad, convivencia, pensamiento crítico y esperanza.
SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL (SUE)
