El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumió la Presidencia de la República el 7 de agosto, dando inicio a un mandato de cuatro años en el que deberá convertir sus propuestas de campaña en políticas públicas. Sin embargo, el camino para materializar su programa de gobierno estará marcado por importantes retos constitucionales, jurídicos e institucionales que pondrán a prueba la capacidad de diálogo entre los poderes públicos y el respeto por el marco constitucional colombiano.
Para Miguel Francisco Contreras, profesor del programa de Derecho UIS, uno de estos desafíos es el desconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos en armonía con la Constitución. «Por ejemplo, la propuesta de reducción del Estado para disminuir el gasto: hay que partir de que la mayoría de autoridades del orden nacional han sido creadas por ley con la finalidad de brindar servicios públicos en diversos temas: educación, ambiente, seguridad. Suprimir estas autoridades requiere una ley del Congreso, adicionalmente, garantizar la no ausencia del Estado en sectores donde existen obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
Así mismo, advierte que planteamientos con la prohibición de regresión de los derechos, como advertir que el salario mínimo o vital va a disminuir, es una medida en contra del principio de progresividad de los derechos.
El respaldo del Congreso
Es importante precisar que, desde una perspectiva del derecho constitucional, varias de las iniciativas anunciadas por el mandatario electo requerirán no solo respaldo político en el Congreso de la República, sino también superar eventuales controles de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y ajustarse a los compromisos internacionales suscritos por Colombia.
Sin embargo, desde antes de asumir su mandato, el ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, comenzó a moverse para alcanzar las mayorías en el Congreso. Por ahora cuenta con el apoyo de Cambio Radical, Salvación Nacional y Centro Democrático. Y se asume que podría quedarse con los apoyos de los partidos Liberal, Conservador y de ‘la U’. De esto lograrse, tendría las mayorías necesarias para sacar adelante las primeras iniciativas que presentará ante el Legislativo.
No obstante, Contreras señala que así lograra conseguir estas mayorías, hay muchos temas que tienen banderas rojas que seguramente llegaran a una eventual evaluación de constitucionalidad por la Corte Constitucional, como política de paz, porte legal de armas, fracking, explotación minera en áreas sensibles al cambio climático, consulta previa, eutanasia, reforma tributaria; la mayoría de estos temas han sido regulados por sentencias de esta autoridad guardiana de la Constitución por lo que crea una barrera adicional a la libertad de configuración legislativa del nuevo gobierno.
«Las reglas políticas establecen que los partidos políticos pueden tomar tres caminos: aliados al gobierno, independiente o de oposición; si el nuevo gobierno quiere sacar adelante sus propuestas y convertirlas en ley respetando la autonomía de los poderes, deberá conseguir que la mayoría de partidos políticos estén en alianza con el gobierno, incluso, mantener buenas relaciones en algunos temas con partidos independientes», precisa Contreras.
El gobierno de la Espriella propuso reducir el tamaño del Estado como estrategia para disminuir el gasto público; sin embargo, los expertos aseguran que esto no será tan sencillo ya que gran parte de las entidades del orden nacional fueron creadas mediante leyes para garantizar la prestación de servicios esenciales en sectores como educación, seguridad, ambiente y protección social. En consecuencia, cualquier modificación o supresión de estas instituciones deberá tramitarse en el Congreso y garantizar que el Estado continúe cumpliendo las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos.
Algunas propuestas económicas podrían generar debates constitucionales. Entre ellas está la posibilidad de modificar el salario mínimo, una medida que, de concretarse en términos regresivos, podría entrar en tensión con el principio de progresividad de los derechos sociales reconocido por la Constitución.
«En cuanto a las continuidades, puede que este gobierno entre con fuerza a imponer un modelo económico más liberal, sin tantas restricciones del Estado. En esto podría aportar flexibilización de las leyes ambientales para viabilizar más proyectos extractivistas, modificación de la ley laboral para contratar por horas, modificar el recaudo tributario de las empresas y disponer que las personas naturales sean las que más aporten», dice Contreras.
Reestablecer relaciones
En materia de relaciones internacionales, otro de los temas que podría suscitar discusión jurídica es un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Según el experto, el artículo 9 de la Constitución establece que la política exterior colombiana debe fundamentarse en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el país, por lo que decisiones en esta materia tendrían que analizarse a la luz de los pronunciamientos emitidos por organismos internacionales sobre el conflicto en la Franja de Gaza.
Sin duda, el éxito legislativo del nuevo gobierno dependerá, en gran parte, de la construcción de consensos políticos. El sistema colombiano establece que los partidos pueden declararse de gobierno, independientes o de oposición, lo que obliga al Ejecutivo a consolidar alianzas para sacar adelante sus principales proyectos.
El presidente electo también enfrentará el desafío de gobernar en un escenario de alta polarización política. Es por esto que la construcción de consensos mediante el diálogo con las diferentes fuerzas políticas y sectores sociales será un elemento clave para garantizar la gobernabilidad y facilitar la aprobación de las reformas que pretende impulsar durante el cuatrienio.
