En relación con la comunicación de fecha 22 de abril de 2025, firmada por el profesor Jorge Andrey Cáceres Malagón, titulada “El déficit fiscal de la UIS al cierre de 2024 superó los 45.000 millones de pesos”, precisamos las siguientes consideraciones que permiten evidenciar la falta de objetividad del mensaje que se pretende transmitir a la comunidad universitaria:
- El autor del citado documento afirma que a la fecha de expedición del mismo (22 de abril de 2025) “… ya no es posible consultar en la página web de la universidad los estados financieros y la ejecución presupuestal del año 2024”. Esta afirmación es falsa. Los Estados Financieros del año 2024, comparativos con los del año 2023, y la Ejecución Presupuestal del año 2024 se publicaron el pasado 3 de abril y 3 de marzo respectivamente en la página web institucional (https://uis.edu.co/uis-presupuesto-es/#estados-financieros y https://uis.edu.co/uis-ejecucion-presupuestal-es/), y desde entonces allí permanecen, una vez fueron aprobados por el Consejo Superior Universitario y se cumplieron las obligaciones formales de reporte ante los entes de vigilancia y control del Estado.
- En la Resolución 034 del 17 de enero de 2025, literales c y e, se menciona un déficit fiscal en el Fondo Común y el Fondo de Reservas Especiales. No obstante, los literales d y f de la misma resolución explican que dicho déficit corresponde a recursos asignados por el Gobierno Nacional y el Departamento de Santander para el Fondo Común y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que no fueron girados dentro de la vigencia 2024, generando un déficit por valor total de $ 45.036.034.421. Esta situación dio lugar a la constitución de reservas presupuestales, mediante la Resolución 035 de 2025, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas a 31 de diciembre de 2024. El déficit, por tanto, no obedece a una mala gestión interna, sino a un incumplimiento externo en el giro de recursos comprometidos.
- Como se observa, el déficit fiscal es generado por un incumplimiento en el giro de los recursos por parte de las entidades gubernamentales que adquirieron esos compromisos con la Universidad durante la vigencia 2024, para la ejecución de los proyectos relacionados con esas fuentes de financiación. En cuanto al Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación el19 de marzo de 2025 realizó la transferencia por $ 51.617.911.165 – Proyecto Facultad de Salud, en lo que respecta a la ANH, las cuantías
que se han recibido corresponden a los entregables contractuales desde el 13 de enero de 2025, habiéndose recibido a la fecha de este comunicado la suma de $ 24.044.909.061, y se estima que el recurso restante se terminará de recibir en su totalidad en el mes de junio del presente año, acorde a los entregables contractuales, por valor de $ 38.417.527.196, de igual forma el pasado 25 de febrero del 2025 se recibió el recurso pago final compromiso contractual 2024 del Ministerio del Interior por valor de
$5.600.000.000 y el 20 de marzo, el segundo desembolso del compromiso contractual 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por valor de $8.414.908.997. En conclusión, el déficit no tiene origen en una destinación inadecuada de los recursos por parte de la administración.
- Sobre la aseveración incluida en el inciso 4 del documento en comento, en el sentido de que “el dinero que usó la administración para cubrir este enorme hueco fiscal fue tomado de los rubros destinados para el pago de salarios y prestaciones sociales de los profesores y personal administrativo”, debe indicarse que, si bien hubo contracréditos en rubros de funcionamiento, estos se enmarcan en una dinámica normal de administración presupuestal. Al autor del escrito le hizo falta hacer un análisis de la ejecución presupuestal del año 2024, donde claramente se observa que las apropiaciones iniciales en los rubros anteriormente citados reflejan modificaciones similares a la incluida en la Resolución 034 de 2025, que para la vigencia 2024 el valor ejecutado respecto al presupuesto definitivo fue prácticamente el 100 %, y que no existe ninguna evidencia que permita inferir que la administración haya incumplido el pago de beneficios al personal.
En conclusión de este punto, los traslados presupuestales como los realizados mediante la Resolución 034 de 2025 son situaciones propias de la administración pública, de tal forma que así está contemplado en el artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Una vez se reciba la totalidad de los recursos se procederá a incorporar los ajustes presupuestales correspondientes. - Respecto a lo que el autor del escrito se da en llamar “deterioro financiero” de la Institución, donde, citando los índices financieros y tal como él lo menciona en su párrafo inicial, no incluyó la data del año 2024, cabe destacar que el índice de liquidez al 31 de diciembre de 2024 fue de 3.16, superando el índice del año 2022 en 0.5 puntos y mostrando una mejora sustancial frente al año 2023. Esta cifra desvirtúa cualquier afirmación sobre lo que él se da en llamar como un “acelerado y sostenido deterioro del índice de liquidez de la Universidad”, y deja en evidencia una lectura sesgada de la información financiera con el aparente propósito de generar pánico por cuenta de una situación inexistente.
- Finalmente, como lo señala en el inciso primero del documento referido, es incorrecto afirmar que la actual administración ha llevado a la Institución a un “grave deterioro” de su situación financiera. Los Estados Financieros del año 2024, comparados con los de 2023, muestran un aumento de activos y patrimonio en MM$174.486 y MM$203.903, respectivamente, y una disminución de pasivos por MM$29.417. Asimismo, los ingresos aumentaron en MM$162.185, y sus costos y gastos de MM$57.104, alcanzando un incremento en los excedentes de MM$105.081. Aquí, la pregunta que nos correspondería hacer es ¿Dónde está, entonces, el deterioro financiero que se pretende denunciar?
Apreciada comunidad universitaria: este tipo de mensajes, que omiten información clave, descontextualizan cifras oficiales y siembran dudas infundadas, no solo carecen de rigor técnico, sino que revelan una intención de manipular la opinión pública con fines ajenos a la verdad.
La División Financiera de la Universidad Industrial de Santander reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la gestión responsable de los recursos públicos, pilares que han permitido fortalecer su sostenibilidad y credibilidad institucional.
Bucaramanga, 24 de abril de 2025.
