Como es habitual, la llegada de un nuevo Gobierno enfrenta grandes desafíos y de esto no está exento el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien tendrá pruebas como la explotación de recursos naturales, la transición energética, el futuro del fracking y la protección de ecosistemas estratégicos como Santurbán.
Su mandato abre un capítulo en la política ambiental y energética del país. Si bien el nuevo mandatario ha manifestado su intención de fortalecer sectores extractivos, expertos consultados coinciden en que cualquier decisión deberá desarrollarse dentro del marco jurídico vigente y respetando los compromisos internacionales suscritos por Colombia en materia de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible.
Para Jairo Puente Bruges, Ingeniero Químico y especialista en Química Ambiental, el nuevo gobernante de los colombianos deberá aclarar la manera en que esa apertura económica se articulará con los principios constitucionales y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
«El presidente Abelardo debería aclarar si esa mayor apertura hacia la explotación de recursos naturales se realizaría o no en el marco de la Constitución, las leyes colombianas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron acordados internacionalmente e incorporados a la legislación colombiana», señaló Puente Bruges.
Además, recordó que los ODS se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales que enfrenta el mundo, y que deben ser superados, como “la pobreza, la desigualdad, la crisis climática, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia”. Y advirtió que: “Fuentes acreditadas han confirmado que muchas explotaciones de recursos naturales a gran escala han ocasionado daños ambientales, económicos, sociales y de salud a poblaciones cercanas”.
Por su parte, David Sanín, profesor de Biología de la Universidad Industrial de Santander, afirmó que el mayor reto será demostrar que cualquier política de aprovechamiento de recursos naturales puede desarrollarse sin comprometer la biodiversidad, la seguridad hídrica y los derechos de las comunidades, respetando además principios constitucionales como el desarrollo sostenible y el principio de precaución.
“Asimismo, tendrá que cumplir los compromisos climáticos adquiridos en el Acuerdo de París, que obligan al país a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la adaptación al cambio climático. En un país megadiverso como Colombia, la protección de bosques, páramos, humedales y otros ecosistemas estratégicos es una herramienta fundamental para cumplir esas metas”, precisó Sanín.
Al mismo tiempo, deberá respetar los compromisos derivados del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece metas al 2030 como proteger al menos el 30 % de las áreas terrestres y marinas, restaurar ecosistemas degradados y reducir significativamente la pérdida de biodiversidad.
Entre combustibles fósiles y energías renovables
Según los acuerdos internacionales, entre las estrategias de transición están sustituir combustibles fósiles por energías renovables (eólica, solar y otras), esto con el objetivo de disminuir drásticamente las emisiones contaminantes. Están sucediendo muchos cambios en todo el mundo, y las inversiones en energías renovables se han disparado.
Puentes Bruges advierte que la administración entrante no ha presentado ninguna propuesta para avanzar en la transición energética acordada en la cumbre climática COP 21. «Al contrario está proponiendo reactivar la producción de combustibles fósiles, incluido el fracking. Debería precisar que proyectos adelantará para fortalecer las energías alternativas que remplazaran los combustibles fósiles, como ya han realizado exitosamente otros países».
Desde febrero de este 2026, Colombia es miembro de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo autónomo de la OCDE y máxima autoridad técnica global en la materia. Además, ha logrado consolidar una matriz eléctrica con más del 70 % de capacidad proveniente de fuentes limpias, superando los 4000 MW de capacidad solar instalada.
Conservar los páramos
Colombia alberga cerca del 50 % de los páramos del mundo, motivo por el cual su protección continuará siendo uno de los asuntos más sensibles para la nueva administración, y tiene una gracias responsabilidad en su conservación, la cual el debate trasciende entre la minería y su conservación.
El profesor Sanín recuerda que estos ecosistemas cumplen funciones irremplazables en la regulación del ciclo hidrológico, el almacenamiento de carbono, la conservación de especies endémicas y el abastecimiento de agua para millones de personas. Cada páramo posee características ecológicas particulares, por lo que no existen soluciones uniformes para su manejo.
«El principal reto del nuevo Gobierno será garantizar que cualquier decisión sobre Santurbán esté sustentada en evidencia científica, en el principio de precaución y en el cumplimiento de las decisiones judiciales y de los procesos de delimitación que exigen la participación efectiva de las comunidades involucradas», asegura Sanín.
Adicionalmente, considera que se tienen que promover alternativas de desarrollo económico para las poblaciones que históricamente han habitado estos territorios, mediante actividades compatibles con la conservación, como la producción sostenible, el turismo de naturaleza, los incentivos por servicios ambientales y proyectos de restauración ecológica. La protección del páramo no puede entenderse únicamente como una restricción, sino como una inversión en la seguridad hídrica y climática del país.
Para Puente Bruges, es posible armonizar la protección de los ecosistemas estratégicos y al mismo tiempo mejorar el desarrollo humano, si lo proyectos se desarrollan orientados a un desarrollo sostenible.
«Todo esto tiene que ver con los ODS.El Objetivo 15 pretende conservar la vida de ecosistemas terrestres. Busca proteger y restablecer los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad. Este objetivo esta interrelacionado con otros que buscan reducir pobreza, la desigualdad y el hambre, y fomentar la educación y la investigación. Pero el presidente nuevo no ha presentado ninguna propuesta en este sentido», advierte.
Fracking, el debate continúa abierto
La posibilidad de reactivar el fracking vuelve a ocupar un lugar central dentro de la discusión nacional.
Puentes Bruges, además de las controversias económicas, existen cuestionamientos ambientales y jurídicos que podrían dificultar la implementación de esta política.
«Además de sus graves efectos sobre una crisis climática que ya está ocasionando desastres y muertes en todo el planeta, el fracking tiene otros dañinos efectos. Como el aumento de los sismos, la liberación de material radiactivo, el excesivo consumo y contaminación de aguas, enormes costos y otros; por lo que ha sido prohibido en varios países desarrollados», indica el Ingeniero Químico.
Sin embargo, recuerda que Para estos y otros temas existen normas constitucionales y legales que orientan su control o prohibición total, como el Principio de Precaución que establece que ante la amenaza de un daño grave o irreversible al medio ambiente o a la salud humana, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como excusa para postergar la adopción de medidas eficaces que lo eviten.
Biodiversidad y desarrollo sostenible
Es importante entender que no es únicamente un patrimonio natural, debe convertirse en un eje estratégico para el desarrollo económico, por lo cual su protección tiene que ser incluido en el próximo cuatrienio del Gobierno Nacional.
«Las prioridades del Gobierno deberían comenzar por fortalecer el conocimiento científico sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que sostienen las actividades productivas y el bienestar de la población. Sin conocer adecuadamente nuestros ecosistemas, es difícil planificar su uso sostenible», asegura Sanín.
El profesor también planteó la necesidad de fortalecer las instituciones ambientales, mejorar la evaluación de proyectos con impacto ecológico, combatir la deforestación e impulsar sistemas productivos sostenibles en sectores como la agricultura, la ganadería, la minería y la infraestructura.
Por su parte, Puentes Bruges considera que estos objetivos ya hacen parte de los compromisos internacionales asumidos por Colombia mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos relacionados con la conservación de los ecosistemas terrestres, la reducción de la pobreza, la protección de los recursos hídricos y la promoción de modelos económicos sostenibles.
Más allá de las diferencias sobre el modelo de desarrollo que impulsará el nuevo Gobierno, los expertos coinciden en que las decisiones relacionadas con la explotación de recursos naturales estarán condicionadas por el marco constitucional, la legislación ambiental, las decisiones de las altas cortes y los compromisos internacionales del Estado colombiano.
